En la economía actual, una cuenta de Instagram puede llegar a ser el activo más valioso de un negocio. Pero cuando una relación entre socios se rompe, ese mismo perfil puede convertirse en el epicentro del conflicto. En LBO Legal hemos analizado un caso real en el que una cuenta con más de 30.000 seguidores, aportada por uno de los socios a un proyecto conjunto, terminó siendo objeto de disputa y de un intento de atribuir responsabilidades penales por su control.

La clave jurídica radica en distinguir entre la titularidad del soporte digital, que corresponde a quien creó y gestionó originalmente la cuenta, y el fondo de comercio generado durante la colaboración, compuesto por la comunidad, la marca y la reputación. La primera puede recuperarse libremente al disolverse la sociedad irregular; el segundo debe valorarse y repartirse. En definitiva, las redes sociales también forman parte del patrimonio empresarial y deben gestionarse con el mismo rigor que cualquier otro activo.