Cuando una mayoría hostil controla la junta, limita el acceso a la información, retiene dividendos o prepara operaciones que pueden diluir la participación del socio minoritario, la reacción inmediata suele ser oponerse a todo. Sin embargo, una defensa societaria eficaz no consiste en impugnar cada movimiento, sino en identificar qué actuaciones afectan realmente al control, al valor económico de la participación o a las condiciones de una eventual salida.

La estrategia debe adaptarse a la posición concreta del socio en cada sociedad. Allí donde existe capacidad de veto, conviene preservar derechos como la separación por falta de dividendos y documentar cuidadosamente cada junta. Cuando la mayoría dispone de votos suficientes para imponer sus decisiones, el objetivo debe desplazarse hacia la prueba del posible abuso, el análisis de las operaciones vinculadas y la construcción de una salida a valor razonable.