Una ronda de inversión aparentemente atractiva puede esconder un desequilibrio jurídico severo si el contrato no se analiza con precisión técnica. En este caso, una inversión de 150.000 euros por el 20 % del capital incluía cláusulas que exponían a los fundadores a una responsabilidad personal de hasta 1.200.000 euros, pérdida efectiva de control societario, mecanismos de salida con efecto confiscatorio y obligaciones firmes frente a financiación discrecional. El problema no era la valoración, sino la arquitectura contractual.

La intervención de LBO Legal permitió reequilibrar la operación sin bloquear la inversión, limitando la responsabilidad al capital efectivamente desembolsado, ajustando los derechos de veto a estándares de mercado y acotando cláusulas desproporcionadas. El resultado fue un contrato alineado con la lógica real de una ronda early stage: proteger la inversión sin convertir a los fundadores en rehenes de su propio proyecto.