Cuando un trabajador percibe salarios reconocidos en conciliación judicial, la Agencia Tributaria puede aplicar incorrectamente la regla de atrasos y exigir la redistribución de los importes entre ejercicios anteriores, con la consiguiente pérdida de la reducción del 30% prevista en el artículo 18.2 de la Ley del IRPF. Sin embargo, cuando existe una verdadera controversia judicial y una resolución con fuerza ejecutiva, la norma aplicable es el artículo 14.2.a), que obliga a imputar el rendimiento al ejercicio en que la resolución adquiere firmeza.

En un caso defendido por LBO Legal, logramos que la AEAT archivara un procedimiento en el que pretendía obligar al contribuyente a presentar rectificativas innecesarias y tributar en condiciones más gravosas. La correcta calificación jurídica de la conciliación judicial y una estrategia técnica bien fundamentada resultan determinantes para evitar errores de imputación que pueden suponer un coste fiscal significativo.