El IVA invisible que casi llevó a Alejandro a prisión: un caso real de e-commerce al límite

Alejandro tiene 26 años y el perfil perfecto del nuevo emprendedor digital: vende cosmética natural bajo una marca cuidada al detalle, gestiona su tienda en Shopify, invierte en Meta Ads y ha delegado la logística para centrarse en crecer. Todo apuntaba al éxito… hasta que la mala gestión de un detalle invisible lo puso al borde del abismo.

Cuando llegó a nuestro despacho, no parecía un defraudador. Venía con la convicción de que su negocio estaba en orden. Sin embargo, una notificación de la Agencia Tributaria reclamándole más de veintiún mil euros por IVA no ingresado le había cambiado el gesto. Lo más grave era que, sin saberlo, estaba a pocos euros de cruzar la línea que separa una sanción administrativa de un delito fiscal.

Durante tres años, Alejandro había invertido cada vez más en publicidad en Facebook e Instagram. En 2021 fueron seis mil euros; en 2022, nueve mil trescientos; y en 2023, doce mil seiscientos. Las facturas llegaban desde Irlanda, sin IVA, y él pensaba que eso no tributaba. El problema era que estaba dado de alta en el régimen de recargo de equivalencia. En ese régimen, si compras servicios a una empresa de la Unión Europea, la ley obliga a autorepercutir el IVA y pagarlo en España, tal y como marca el artículo 84.Uno.2º de la Ley del IVA. Alejandro no lo sabía. Nunca presentó el modelo 303. Nunca ingresó ese veintiuno por ciento. Y así, sin darse cuenta, acumuló más de seis mil euros de IVA no ingresado.

Quizá parezca una cantidad asumible, pero el artículo 305 del Código Penal es claro: comete delito fiscal quien defrauda más de ciento veinte mil euros de cuota tributaria en un solo año. Alejandro no llegó a esa cifra, pero otros negocios de su entorno ya acumulaban cuarenta y cinco mil euros en campañas sin declarar y solo necesitaban uno o dos años más para cruzar el umbral delictivo. Lo más inquietante es que la Agencia Tributaria ya tiene toda la información: Meta, Shopify, Google, Amazon o Stripe comunican los datos de manera automática. Cuando las declaraciones no coinciden, saltan las alarmas. Y a partir de ahí, Hacienda revisa los últimos cuatro años, añade intereses y sanciones y, si corresponde, abre expediente penal.

En el caso de Alejandro, actuamos rápido. Presentamos declaraciones complementarias de 2021, 2022 y 2023, pagamos el IVA pendiente —sin derecho a deducción por estar en recargo de equivalencia— y solicitamos la renuncia a ese régimen a partir de 2024. Además, hicimos una proyección penal: si mantenía su ritmo de gasto publicitario, en 2025 habría superado la cifra acumulada que convierte una deuda tributaria en delito. Le diseñamos un plan para blindarse: una cuenta bancaria exclusiva para el IVA, un software contable que registra operaciones en tiempo real y una política de regularizaciones voluntarias documentadas.

Con todo eso, respondimos a un requerimiento informal de Hacienda. Explicamos la situación, mostramos la regularización y pedimos el archivo del asunto sin sanción. La Agencia Tributaria aceptó. Alejandro salvó su negocio y, sobre todo, su tranquilidad.

Este caso no es una excepción. En e-commerce, el delito fiscal está mucho más cerca de lo que se piensa. No es un pequeño error contable; es la línea que separa un negocio próspero de un procedimiento penal. Si vendes online y no tienes claro si estás ingresando el IVA correctamente, si puedes deducirlo o si estás declarando todo lo que corresponde, puede que ya estés acumulando una deuda que hoy es administrativa… y mañana, penal. Alejandro llegó a tiempo. La pregunta es: ¿lo estás tú?

Nuestra recomendación

Si usas Meta, Shopify, Stripe o Google y no tienes claro:

  • Si estás ingresando el IVA que corresponde

  • Si puedes deducirlo o no

  • Si lo estás declarando correctamente

Es muy probable que estés acumulando deuda tributaria sin saberlo. Y esa deuda puede pasar de sanción administrativa a expediente penal.

¿Estás a tiempo de evitarlo?

Alejandro lo estaba. Actuamos antes de cruzar el límite y hoy tiene su negocio regularizado, una contabilidad ordenada, y lo más importante: duerme tranquilo y no tiene miedo a abrir una notificación de la Agencia Tributaria.

Daniel Ramos
Socio de LBO Legal

Víctor López Jr.

35 años. Víctor López es fundador de lbo.legal y especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Derecho Internacional Privado. Tras su paso por escuelas de Londres y Edimburgo, se formó en la Universidad Pablo de Olavide donde estudió dos Masters Universitarios: Derecho de las Nuevas Tecnologías y Derecho Patrimonial Privado en el Mercado Global.

https://www.lbo.legal
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